El gobierno porteño lanzó un mecanismo para detectar empresas en problemas antes de que cierren y despidan personal. La idea es que el Estado intervenga en las crisis empresariales convocando a empleadores, sindicatos y trabajadores a negociar alternativas.

El procedimiento, formalizado en la Resolución 928/SECTE, permite que cualquiera de las partes solicite una mediación cuando hay riesgo de suspensiones o despidos. También puede iniciarse por iniciativa propia de la Secretaría de Trabajo y Empleo si detecta señales de alerta.

Una vez presentada la solicitud por plataforma digital, el Estado tiene 48 horas para revisarla. Si la admite, convoca a una primera audiencia cinco días después. Si no hay acuerdo, abre un período de negociación de diez días en el que busca propuestas que preserven los puestos de trabajo.

Mientras corre el procedimiento, las empresas no pueden ejecutar los despidos o suspensiones que habían planeado. De esta forma, el Estado gana tiempo para encontrar soluciones.

Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo porteño, explicó que muchas crisis no significan que una empresa sea inviable. "Puede necesitar adaptarse a una transformación tecnológica o a un cambio en el mercado. Nuestro objetivo es buscar soluciones antes de que la única respuesta sea despedir trabajadores".

La medida responde a los cambios en el mundo laboral: incorporación de tecnología, nuevas formas de producción y transformaciones que históricamente derivaban automáticamente en pérdida de empleo. El gobierno apunta a que la modernización se haga mediante capacitación y acuerdos, no despidos.