La Justicia brasileña abrió una investigación para esclarecer las sospechas de injerencia extranjera en la campaña electoral de este año. El ministro del Tribunal Supremo Federal, Flávio Dino, ordenó que la Policía Federal indague sobre el uso intencional de algoritmos en redes sociales para favorecer o perjudicar candidatos.

Entre los señalamientos figura la posible participación de la empresa Rockbridge Network en negociaciones para financiar la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). También se investiga si hubo manipulación en plataformas digitales para dar mayor visibilidad a ciertos candidatos o reducir el alcance de sus opositores.

El magistrado también solicitó investigar presuntos ofrecimientos de apoyo político a cambio de acceso a tierras raras y minerales críticos brasileños.

Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) adoptara medidas para investigar un presunto trato desigual entre las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro en redes sociales. La campaña de Lula había denunciado que sus publicaciones tenían alcance reducido y que algoritmos de inteligencia artificial mostraban diferencias en el tratamiento del contenido.

En octubre, el TSE ya había ordenado a Meta —dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp— que no interfiera en la distribución de contenido político-electoral de ninguno de los candidatos.

Protección de la soberanía electoral

Dino fundamentó su resolución en la legislación brasileña que prohíbe la injerencia de Estados extranjeros en asuntos de soberanía nacional. El ministro subrayó que las ramas del gobierno tienen el deber constitucional de proteger la libertad del proceso electoral y repeler cualquier injerencia externa incompatible con la libre formación de la voluntad de los electores.

También señaló un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) que incluye la seguridad del proceso electoral entre los desafíos prioritarios del país y advierte sobre riesgos de interferencia externa.

La legislación electoral brasileña prohíbe explícitamente que partidos políticos y candidatos reciban donaciones de origen extranjero, directa o indirectamente.