La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó hasta la Quinta de Olivos el martes para rechazar el plan de retiros voluntarios que afecta a más de 20.000 empleados públicos. El presidente Javier Milei se encontraba en España durante la protesta.
Rodolfo Aguiar, titular del gremio, cuestionó duramente la iniciativa. Denunció que la Policía Federal persiguió a la prensa que cubría el reclamo y advirtió sobre un "estado de excepción" en Argentina.
El reclamo se concentró en dos puntos principales: el decreto 1203/26 que formaliza los retiros voluntarios, y el financiamiento de 300 millones de dólares que solicitó el gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sostenerlo.
Según Aguiar, el programa implica que quienes se adhieran no podrán reingresar a la Administración Pública por 8 años. "No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa", sostuvo el secretario general de ATE, quien también denunció que la medida beneficia a consultores cercanos al Poder Ejecutivo.
Más allá del decreto, los estatales protestaron por la caída del poder adquisitivo, la erosión del salario real, paritarias por debajo de la inflación, cierre de organismos públicos y decenas de despidos sin renovación de contratos.
Aguiar cuestionó además que Milei se haya ausentado "sin agenda oficial", argumentando que con sus reclamos "están financiando el turismo internacional del Poder Ejecutivo".
"Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública", concluyó el dirigente gremial.
