La Cámara de Diputados tratará la próxima semana la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo que lleva meses estancado por tensiones internas dentro del Gobierno entre quienes impulsan la desregulación económica y los que temen por la industria farmacéutica nacional.

El compromiso de unirse a este sistema internacional de protección de patentes surgió como contrapartida del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos firmado con Estados Unidos en febrero. La Casa Rosada se había propuesto completar el trámite legislativo para abril, pero los conflictos internos lo impidieron.

El escollo principal fue el capítulo 2 del tratado. Los laboratorios nacionales, nucleados en CILFA y Cooperala, alertaban que esa sección debilitaría la protección de la industria local frente a multinacionales estadounidenses, facilitando patentes que podrían frenar la producción de medicamentos genéricos y encarecer el sistema de salud.

El Ministerio de Desregulación, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, se resistía a cualquier modificación. Su argumento técnico era que un cambio en Diputados obligaría a enviar el proyecto de vuelta al Senado —donde ya había obtenido media sanción en 1998—, dilatando aún más el proceso. Desde esa cartera acusaban a los laboratorios de simplemente querer mantener privilegios sin competencia.

La descoordinación entre el Ministerio de Desregulación y otras áreas como Cancillería y Economía paralizó el avance. El 14 de abril estaba prevista la firma del dictamen de comisiones, pero fue suspendida. Incluso pesó en esa decisión que una delegación de legisladores estaba programada viajar a Harvard ese mismo día para un encuentro sobre Inteligencia Artificial.

En las semanas siguientes continuaron las negociaciones internas entre el sector más aperturista y el ala más dialoguista del ejecutivo, buscando un punto de equilibrio entre desregulación y protección de la manufactura local de genéricos.