El gobierno argentino abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas acusadas de extraer recursos en las Islas Malvinas sin autorización del Estado. La medida incluye no solo a las compañías que operan en hidrocarburos, sino también a sus accionistas y proveedores de servicios.

La instrucción partió del presidente Javier Milei a través de la Cancillería. El objetivo es investigar y penalizar violaciones a la Ley 26.659, que prohíbe toda explotación de recursos en el archipiélago sin consentimiento argentino.

Según el comunicado oficial, la ocupación británica ha intensificado recientemente sus actividades de extracción de recursos naturales. El Estado argentino reclama soberanía histórica y legal sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La decisión se presentó como un reconocimiento a quienes "lucharon y dieron su vida por la Nación", y como un mensaje de que Argentina no cederá jurisdicción sobre el territorio ni permitirá que terceros lucren con sus recursos.