El país enfrenta una severa restricción fiscal que complica cualquier plan de crecimiento con deuda externa. Con el riesgo país por encima de los 500 puntos básicos, las autoridades descartan emisiones internacionales hasta 2027, lo que obliga a trabajar dentro de un presupuesto equilibrado.

Pero hay margen para actuar. El Presupuesto 2026 asigna solo 0,4% del PBI a infraestructura, muy por debajo de lo que invierten otras economías en desarrollo. En Latinoamérica el promedio ronda entre 2% y 2,5%, mientras que el Banco Mundial considera que un país que aspire a crecer debe destinar entre 4% y 6%.

Las consecuencias ya se ven en el terreno. Rutas, ferrocarriles, redes de agua y sistemas eléctricos se deterioran sin inversión. El sector energético advierte que el estado de las vías amenaza proyectos como Vaca Muerta, la minería y la producción agrícola.

La construcción es uno de los sectores con mayor efecto multiplicador en la economía, entre 1,8 y 2,5 según especialistas. En junio, la industria operaba al 59,1% de su capacidad instalada, mientras que la metalmecánica apenas alcanzaba 41,5%. Hay fábricas paradas esperando demanda que una reactivación de obras podría generar rápidamente, con mínimo impacto inflacionario.

Para financiar obras públicas sin deuda, analistas plantean la venta de participaciones accionarias que ANSES mantiene en empresas privadas argentinas, valuadas en torno a los US$ 12.000 millones. Esos activos llegaron con la estatización de las AFJP en 2008. Según cálculos, si se hubiesen vendido en 2010 e invertido en fondos accionarios internacionales, su valor sería tres veces mayor hoy.