El canciller argentino Pablo Quirno comunicó que el Gobierno de Milei notificó a 180 empresas vinculadas a actividades petroleras en las Islas Malvinas: deben elegir entre continuar operando en el territorio disputado o invertir en Argentina sin enfrentar sanciones.

Durante su presentación en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú, Quirno explicó que la medida se ampara en la Ley 26.659, que prohíbe operar en Argentina a empresas que trabajen en Malvinas. "Ahora lo que hacemos es generar un desincentivo real: invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a Argentina con seguridad jurídica y mayor potencial de negocios", afirmó.

La decisión cobra relevancia porque Vaca Muerta no existía cuando se sancionó la ley hace más de una década. Ahora, con la cuenca neuquina consolidada como polo energético, Argentina cuenta con un argumento concreto para que las petroleras abandonen Malvinas.

A través de un decreto reglamentario, el Gobierno aceleró los procesos de sanción y amplió el alcance a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros. Las 180 empresas fueron notificadas hace una semana sobre las consecuencias de mantener operaciones en las islas.

Quirno adelantó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley: permitirá que las empresas sancionadas eventualmente se reintegren al sistema si abandonan Malvinas, en lugar de quedar excluidas permanentemente. También anunció una declaración jurada dentro del RIGI que exigirá a los solicitantes de beneficios confirmar que no violan la Ley 26.659.