La Constitución Nacional ordena que después de cada censo se actualice la cantidad de diputados según el crecimiento demográfico. Sin embargo, una ley de la última dictadura congeló ese mecanismo, generando un desequilibrio grave en la representación política del país.

Un estudio reciente del Centro de Investigación en Calidad de la Democracia (CiCaD) de 2023 revela que la cantidad de bancas debería aumentar de 257 a 359 para ajustarse a los datos poblacionales actuales. Eso significa 102 diputados más que hoy no tienen representación formal.

El problema afecta principalmente a Buenos Aires, la provincia más perjudicada por esta subrepresentación. En cambio, jurisdicciones como Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur resultan beneficiadas por un sistema que les asigna más diputados de lo que su población justificaría.

Los convencionales que redactaron la Constitución de 1853 anticiparon esta situación y mandataron que la representación se ajustara periódicamente. Pero la Ley 22.847, dictada al cierre de la última dictadura militar, estableció un piso mínimo de cinco diputados por provincia, congelando de facto los cambios.

Avanzar en esta reforma enfrenta dos obstáculos políticos. El primero es la resistencia a cualquier aumento del gasto político, aunque la democracia por naturaleza requiere financiamiento considerable. El segundo es que las provincias sobrerrepresentadas no quieren perder bancas, incluso sabiendo que violaría el mandato constitucional.

Distintos legisladores de diversos partidos han presentado proyectos para cumplir con la Constitución, pero ninguno ha prosperado. El debate sobre si Argentina puede costear una representación más justa sigue estancado en los pasillos del Congreso.