El Gobierno nacional inscribió a cinco organizaciones criminales y grupos insurgentes en el Registro Público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. La medida incluye al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, Los Tiguerones, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La decisión fue formalizada a través de una resolución conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, publicada en el Boletín Oficial. Según los fundamentos oficiales, el Cártel de Sinaloa opera en narcotráfico, contrabando y secuestros extorsivos. La Nueva Familia Michoacana, con presencia en México, se dedica al tráfico de drogas e insistió actividades de minería ilegal con expansión regional preocupante.

Los Tiguerones, de origen ecuatoriano, operan en narcotráfico y sicariato desde su escisión de Los Choneros en 2020. Las FARC-EP y el ELN fueron caracterizadas por el Gobierno como organizaciones de extrema izquierda que operan con ideología marxista-leninista y actividades armadas en Colombia, con capacidad operativa de expansión regional hacia Argentina.

La medida se enmarca en la estrategia coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia y organismos de inteligencia contra el crimen organizado transnacional. El Cártel de Sinaloa ya había sido declarado terrorista por otros países, incluido Estados Unidos.