La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica implementó desde el 1° de septiembre una tasa sobre la importación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos complejos. La medida, fijada en la Disposición 5461/2026, cobró entre el 1,25% y el 1,5% sobre el valor de entrada.

El cambio significó el cierre de exenciones que existían antes. Pero el problema real es que la ANMAT anunció internamente que no aceptará más solicitudes de excepción para pacientes con Certificado Único de Discapacidad, y canceló las ya aprobadas. Sin embargo, no definió aún cómo pagar ese arancel: no existe código de pago ni procedimiento operativo. Resultado: los trámites de familias y personas con discapacidad quedaron en suspenso sin saber dónde gestionar ni cuándo se resuelve.

El impacto es directo en dispositivos y tratamientos que no se fabrican en Argentina, y que son los de mayor complejidad y costo. Esto agrega presión financiera sobre obras sociales y prepagas, ya de por sí bajo tensión.

Desde el sector señalan que la norma contradice la Resolución 1388/97 del Ministerio de Economía, que exime de aranceles a medicamentos e insumos para rehabilitación de personas con discapacidad. Desde ANMAT argumentan que la medida forma parte de un proceso de desregulación que concentra los aranceles en productos de mayor riesgo y valor.

El timing agrava la situación: todo sucede mientras el Congreso debate el Presupuesto 2027, que incluye cambios en el Nomenclador de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901.